¿HEMOS AVANZADO EN EL COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS?

Andrés Sánchez Osorio

La trata de personas es un delito que viola gravemente los Derechos Humanos, que ha dejado a cientos de víctimas en México, sobretodo niñás y adolescentes.

En nuestro país, este delito es considerado el segundo negocio ilícito más redituable para la delincuencia organizada, sólo por debajo del narcotráfico y por encima del tráfico de armas. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) más de 12.3 millones de personas padecen situaciones laborales similares a la esclavitud, se estima que la trata mueve 12 millones de dólares por año, y que en América Latina, 2 millones de niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual comercial o laboral.

El pasado 30 de Julio se conmemoró el Día internacional contra la trata de personas. La comisión intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, coordinada por SEGOB y el INDESOL, convocaron a diversas actividades en conjunto con las organizaciones de la sociedad Civil para conmemorar este día.

Sin duda ha habido algunos avances en el combate y la atención a las víctimas de trata de personas, sin embargo, la mayoría han sido gracias al compromiso personal de servidores públicos que han rebasado sus atribuciones para garantizar los Derechos Humanos de las víctimas y el debido proceso.

Existen muchos pendientes, como lo son las reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, las cuales fueron aprobadas por unanimidad en el Senado, pero fueron detenidas en la Cámara de Diputados, lo cual denota que siguen existiendo egos personales de diversos actores que se colocan por encima de los derechos de las víctimas, lo que las ha dejado desprotegidas y peor aún, cuando hablamos de niñas y niños.

Los retos son grandes, ya que tenemos también una Ley General de Víctimas que ha resultado inoperable. La atención a las víctimas se ha quedado en la atención de primer contacto y es casi imposible el acceso a la reparación integral del daño, la cual se considera en términos monetarios, pero no se preocupa por la reinserción de las víctimas y evitar su revictimización, lo cual ha ocasionado que muchas de las víctimas terminen en la calle o regresando con su victimario y no se recupere o reconstruya de manera integral su proyecto de vida.

¿Cuánto nos falta para que las y los tomadores de decisiones tengan la sensibilidad para darse cuenta lo desprotegidas que están las víctimas y tomen cartas en el asunto?

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